Un informe de la ONU denuncia que autoridades de Panamá abusaron sexualmente de migrantes que cruzaron el Darién
Las migrantes que atraviesan el tapón del Darién no solo se enfrentan a abusos sexuales durante el trayecto por la selva; también lo sufren en las Estaciones de Recepción de Migrantes (ERM) del Gobierno de Panamá. Así lo recoge un documento de las Naciones Unidas sobre graves vejámenes que habrían sido cometidos por parte de funcionarios del Servicio Nacional de Migración y del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront).
“Según estas denuncias, el personal del SNM y del SENAFRONT habría solicitado intercambios sexuales a las mujeres y niñas alojadas en la ERM de San Vicente que carecen de dinero para afrontar los costes del transporte” entre las estaciones y Costa Rica, dice el documento hecho por la Relatoría especial sobre los derechos humanos de los migrantes y conocido por EL PAÍS. Lo hacen, continúa el texto, “con la promesa de permitirles subir a los autobuses coordinados por las autoridades panameñas para que puedan así continuar su viaje hacia la frontera con Costa Rica”.
En el documento de 18 páginas, la ONU hace fuertes cuestionamientos al gobierno de Panamá por el manejo de la crisis humanitaria del Darién. No solo denuncia violencia sexual, sino que también afirma que hay personas que hacen trabajos forzados con el fin de obtener los medios para poder pagar los 40 dólares que cuesta el bus y así abandonar las estaciones. “Esta información vendría acompañada de preocupaciones sobre la voluntariedad del trabajo realizado, dada la supuesta falta de alternativas que permitan a las personas migrantes abandonar las ERM”, agrega la ONU.
Privados de la libertad en las estaciones de recepción de migrantes
En 2022, al menos 248.000 migrantes atravesaron la peligrosa selva que separa a Colombia de Panamá, en su mayoría venezolanos, ecuatorianos y haitianos. Los asaltos, las desapariciones y la violencia sexual a manos de grupos armados son algunos de los peligros. En 2021 se registraron más de 300 casos de abuso sexual; y entre enero y junio de 2022, fueron más de 140 casos durante el recorrido.
Al llegar a territorio panameño y, después de sortear la muerte en el trayecto, los migrantes son alojados en las ERM, que supervisa el Servicio Nacional de Migraciones y el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront). Pero es ahí mismo donde, según el informe de la ONU, se encuentran “de facto privadas de la libertad, al no estar autorizadas a salir de dichos centros, salvo para ser trasladadas por las autoridades panameñas hacia la frontera con Costa Rica”.
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